Consultorias Sociedades Anonimas



SOCIEDADES ANONIMAS

El régimen de incorporación y regulación de las sociedades anónimas se encuentra principalmente en la Ley 32 de 26 de febrero de 1927, aunque les son aplicables ciertas disposiciones del Código de Comercio (Ley No. 9 de 1946, Decreto de Gabinete No. 247 de 1970 y Decreto Ley No. 5 de 1997).

El procedimiento para constitución y registro es sencillo y expedito. Las sociedades anónimas pueden hacer cuanto sea necesario para el desarrollo de los objetos enumerados en el pacto social o en sus reformas, o lo que sea conveniente para la protección y beneficio de la sociedad y, en general, cualquier negocio lícito en ausencia de cualquier limitación contenida en el pacto social.

El manejo o administración de la sociedad estará a cargo de una Junta Directiva compuesta por personas naturales y/o jurídicas, sin distinción de su domicilio y sin que sea necesario que sean accionistas. Esta tendrá el control absoluto y dirección plena de la sociedad, pudiendo ejercer todas las facultades otorgadas a la sociedad, salvo las restricciones establecidas por la ley, el pacto social y los estatutos o aquellas reservadas a los accionistas.

La sociedad anónima panameña que no realice negocios en la República no está obligada a presentar declaración de rentas o sus estados financieros a autoridad local alguna y los libros de contabilidad, así como cualquier otra información sobre sus actividades, podrán mantenerse y llevarse en cualquier parte del mundo. La información relativa a los accionistas no está sujeta a registro alguno en Panamá.

Por el contrario, las sociedades anónimas que realizan operaciones que son gravables dentro del territorio panameño, están obligadas a presentar una declaración de impuesto sobre la renta, así como también a cumplir cualquier otra formalidad requerida por la ley en función al tipo de actividad que ejerzan.

Toda sociedad anónima, sin importar dónde realice sus operaciones, debe llevar un Registro de Actas y otro de Acciones. La contabilidad y demás registros pueden llevarse utilizando libros, medios electrónicos u otros mecanismos autorizados por ley, siempre y cuando los mismos puedan ser impresos.

Las sociedades anónimas inscritas en el Registro Público de la República de Panamá, deben pagar una primera tasa única anual de US$300.00 y tasas únicas anuales subsiguientes de US$300.00. La ausencia de pago de dicha tasa en el período en que se causa tiene como efecto la no inscripción de ningún acta, documento o acuerdo y la no expedición de certificaciones relativas a la sociedad respectiva, salvo las ordenadas por autoridad competente o las solicitadas por terceros con el objeto específico de hacer valer sus derechos. El retraso en el pago genera un recargo de US$50.00 más la imposición de una multa de US$300.00 y la anotación de una marginal en el Registro Público indicando que se encuentra en estado de morosidad.

REDOMICILIACION

Las sociedades organizadas bajo las leyes de otros países o jurisdicciones pueden continuar su existencia al amparo de las leyes de la República de Panamá. La continuación de la compañía bajo las leyes panameñas surtirá efectos entre las partes y frente a terceros a partir de la fecha de constitución inicial de la sociedad en el país o jurisdicción de origen.

Las corporaciones panameñas pueden, según se establezca en el pacto social o sus reformas, continuar bajo el amparo de las leyes de otro país o jurisdicción, siempre y cuando las leyes de ese país o jurisdicción así lo autoricen y que la sociedad esté al día en sus obligaciones tributarias en la República de Panamá.

JOINT VENTURES

La legislación comercial panameña no regula propiamente el joint venture. La figura jurídica que más se asemeja en su estructuración es el contrato de cuentas en participación (arts. 252 y 489-500 C. Co.).

En materia de contratación pública, la Ley No. 22 de 2006 autoriza en su artículo cuarto la presentación de propuestas por parte de asociaciones accidentales y las Leyes No. 43 de 1995 y 31 de 1996 sobre Telecomunicaciones, y la Ley No. 6 de 1997 sobre electricidad, permiten la participación en el proceso de licitación pública mediante consorcios.

En este último caso, el contrato respectivo debe ser aprobado previamente por el Ente Regulador de los Servicios Públicos y los integrantes del consorcio deben inscribirse en el Registro Público. La poca regulación existente sobre la materia no ha sido obstáculo para la viabilidad de proyectos e inversiones en Panamá por vía de esta forma de hacer negocios. Así, se han realizado inversiones, entre otras, en minería, bienes raíces y licitaciones públicas para diversos servicios públicos.

 

Fuente: DoingBusiness